Estado actual de los planes autonómicos para financiar la rehabilitación de edificios
El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 vio la luz el primer semestre de 2013 y estableció unos objetivos de estímulo a la Rehabilitación sin precedentes respecto a anteriores planes de vivienda.
Este Plan debe desarrollarse a través de convenios suscritos entre la Administración Estatal y las comunidades autónomas, un proceso que se encuentra muy avanzado en algunas de ellas. Así, a día de hoy, son doce las comunidades autónomas que tienen convenio firmado o están a punto de tenerlo, además de Ceuta y Melilla, tres las que no lo tienen y dos, País Vasco y Navarra, las que han decidido que no firmarán dicho convenio con la Administración Estatal. La aplicación de este Plan debería movilizar una dotación de 2.527 millones de euros de ayudas públicas, 2.311 del Estado y 216 millones de euros provenientes de las comunidades autónomas.
El Plan Estatal contempla ayudas para diferentes programas o líneas de actuación, en concreto para:
- Subsidio de préstamos convenidos.
- Ayudas al alquiler de viviendas.
- Fomento del parque público de viviendas de alquiler.
- Fomento de la rehabilitación edificatoria.
- Fomento de la regeneración y renovación urbanas.
- Apoyo a la implantación del Informe de evaluación de los edificios.
- Apoyo a la implantación y gestión del Plan.
Los fondos podrán cubrir hasta el 35% de las actuaciones, un porcentaje que puede suponer un importante incentivo.
Hemos elaborado un documento que detalla el estado de desarrollo del Plan en las diferentes Comunidades Autónomas, recogiendo entre otras informaciones los decretos autonómicos aprobados por varias de ellas (Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, La Rioja y el Principado de Asturias), las dotaciones previstas en cada plan autónómico o la situación en la que se encuentra la tramitación de convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La tabla adjunta ofrece un compendio de dicha situación.
A pesar de existir algunas discrepancias al respecto de la contabilización de las cantidades aportadas por cada administración (estatal y autonómica), lo cierto es que con estas dotaciones y ayudas se ofrece un estímulo importante para que las comunidades de propietarios puedan cubrir parte de la inversión necesaria en una obra de rehabilitación, una de las barreras principales que encuentra el ciudadano y, sobre todo, las comunidades de propietarios que deciden llevar a cabo mejoras de la eficiencia energética en sus edificios.
Así las cosas, por ejemplo, Castilla-La Mancha ha anunciado que destinará 34 millones de euros al programa de rehabilitación edificatoria o el Principado de Asturias, que dedicará que lo dotará de 17,2 millones. Sin duda se trata de un incentivo que puede estimular que ciudadanos y comunidades de propietarios que tengan capacidad económica para asumir el coste de la actuación que no queda cubierto por las ayudas públicas, puedan mejorar su calidad de vida, reducir su demanda y consumo de energía y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La inversión pública deberá revertir, a su vez, en la generación de actividad y de empleo, tanto de forma directa, a través de quienes lleven a cabo las actuaciones, como de forma indirecta e inducida. Así mismo se producirá un retorno para la propia Administración, a través de la recaudación de impuestos y de cotizaciones, así como del ahorro de prestaciones de desempleo o de otros subsidios.
Será necesario realizar un seguimiento continuo de estos planes, de las ayudas solicitadas y concedidas y de la asignación final de cada comunidad autónoma al Plan en su conjunto y a la rehabilitación edificatoria en particular. No obstante, se abre una ventana de oportunidad a través de las comunidades autónomas para la rehabilitación del parque de viviendas español.
