A las puertas de la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto sobre la certificación energética de edificios nuevos y existentes cuya aplicación y puesta en marcha desata muchas dudas, el camino emprendido por otros países como Portugal, puede servir de guía o ejemplo para emprender el nuestro. Portugal, al igual que el resto de los Estados Miembros, inició este proceso a raíz de las especificaciones contenidas en la Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Según los datos disponibles en la página web creada al efecto, desde octubre de 2007 hasta finales del año 2010 en Portugal se habrían emitido cerca de 365.000 certificados de edificios nuevos y existentes. A esta cifra habrían de sumarse los certificados emitidos durante los años 2011 y 2012, datos que no están publicados pero que, de haber continuado la media mensual registrada en el último año con estadísticas disponibles, 2010, supondrían cerca de otros 300.000 adicionales.

La cifra de certificados emitidos no es la única muestra de un trabajo bien hecho, también lo es la accesibilidad a toda la información relacionada con el trámite del certificado energético para el ciudadano. Por ejemplo, un propietario que necesite certificar su vivienda puede poner un anuncio en la página web para que contacten con él los certificadores que estén disponibles. El propietario sólo tiene que facilitar datos como el tipo de edificio del que se trata, el año de construcción o la superficie de la vivienda, entre otros.

Como alternativa, también permite al interesado buscar un certificador cualificado para la realización del certificado, filtrando tanto por zona geográfica de actuación del técnico como por su especialización, accediendo a los datos de contacto e incluso permitiendo descargar la tarjeta de visita para la agenda del teléfono móvil. De forma complementaria, los certificadores pueden darse de alta online introduciendo los datos sobre su perfil, curriculum, fotografía, ámbito de actuación, etc. y se mantendrán en esta plataforma durante un año si realizan el pago correspondiente (200 euros) en los 30 días siguientes al alta. Los propietarios, posteriormente, pueden valorar el trabajo realizado por el certificador, indicando el coste que les supuso la obtención del certificado, el cumplimiento o no de los plazos, si le propusieron medidas de mejora en la vivienda.

Por otro lado, también es posible consultar online la clase energética de los edificios certificados mediante un buscador que permite afinar la localización de los inmuebles seleccionando la localidad, la calle e incluso número de bloque. 

A las herramientas mencionadas se suman apartados específicos que explican con preguntas y respuestas sencillas, por ejemplo, qué es la certificación o qué tipos de certificados existen, entre otros, o una sección que facilita una serie de claves sobre soluciones constructivas tanto para las instalaciones de climatización o agua caliente sanitaria como para las medidas a tomar en huecos acristalados, cubiertas, etc., que incorpora diferentes recursos formativos (textos, vídeos, etc.).

En definitiva, es una pequeña muestra de que nos encontramos muy lejos de la situación de Portugal. En este país, se ha priorizado la información al consumidor, al usuario o propietario final, sin descuidar habilitar los mecanismos para los técnicos que llevan a cabo las certificaciones. El hecho de que cualquier ciudadano tenga la información suficiente para llevar a cabo el proceso de certificar su edificio o que pueda consultar online la clase energética del edificio en el que pretende vivir, es decir, tenga acceso a la información sobre el comportamiento o eficiencia energética del edificio, son muestra de ello.

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