La UE exige a cada país establecer una estrategia nacional de rehabilitación, una estrategia a largo plazo para rehabilitar los edificios de vivienda y comerciales existentes con los más altos estándares en cuanto a eficiencia energética. Y hasta ahora, muchas personas y organizaciones que tienen mucho que decir en relación a este reto, no están involucradas de forma activa en el debate en torno a la estrategia nacional de rehabilitación.

La Administración debe realizar una implantación efectiva de las directivas europeas para promover de forma notable la tasa de renovación anual de los edificios existentes.

En 2012 se aprobó la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, con el fin de establecer un marco para luchar, desde la perspectiva de la eficiencia, contra el cambio climático, la escasez de recursos, la dependencia energética y la crisis económica.

Empresas líderes de la construcción se unieron hace años y lanzaron la Fundación La Casa que Ahorra con un objetivo principal: sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede reportar para el ahorro económico y energético, la protección del medio ambiente y la creación de empleo. Incorporando, además, criterios de confort acústico y seguridad pasiva contra incendios a la definición de viviendas sostenibles.

Los directores generales de Vivienda de distintas comunidades autónomas se dieron cita el 14 de julio, en la sede de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de Madrid, para abordar distintas temáticas relacionadas con la vivienda, y buscar nuevas respuestas y soluciones en materia de rehabilitación.

Hasta hace bien poco no se contaba con la más mínima orientación sobre el consumo energético de las viviendas que alquilábamos o comprábamos. De hecho, hasta la aprobación del Real Decreto 235/2013, que reguló la certificación de la eficiencia energética de los edificios, no se contaba con información alguna sobre las viviendas existentes que eran objeto de transmisión o cesión, exceptuando a las viviendas y edificios de obra nueva, cuyo proceso estaba regulado desde el año 2007. Es decir, hasta la entrada en vigor del RD 235/2013 se compraban las casas “a ciegas” sin conocer su demanda de energía ni las emisiones asociadas. Lo cierto es que aunque la certificación energética de edificios podía haberse implantado de una forma mucho más adecuada, al menos, puso sobre la mesa de las decisiones de compra o alquiler la componente energética.

El presidente de la Fundación La Casa que Ahorra (FLCQA), Pedro Luis Fernández-Cano ha manifestado su apuesta por la eficiencia energética de los edificios y por la necesidad de formar y concienciar a los técnicos locales en esta materia, técnicos que juegan un papel crítico al ser los canales que validan y promueven que todos los proyectos estén alineados con las exigencias normativas y las necesidades energéticas del país. “Nuestro fin último es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reducir la demanda energética de nuestros hogares”. Pedro Luis Fernández-Cano se manifestaba así durante la celebración del acto de firma del acuerdo con el que se da continuidad, un año más, a la colaboración con la FLCQA.